por Elí Santos

Mérida, Yucatán.- Un total de 15 familias viven en la calle debido a que fueron desalojados y sus casas destruidas en la colonia San Idelfonso ubicada al poniente de la ciudad de Mérida, Yucatán víctimas de la mafia agraria e inmobiliaria que impera en el estado yucateco.

Los afectados explicaron que perdieron el patrimonio que por años construyeron, mediante un despojo y destrucción de viviendas que pasó por alto procesos judiciales y derechos humanos.

Fue alrededor de las 6:00 del lunes 16 de octubre del año en curso que el actuario Edgar Jesús Castillo Valencia llegó en compañía de más de 100 efectivos y una máquina retroexcavadora a la parcela ejidal 1247 de la referida colonia, para desalojar a la fuerza a hombres, mujeres y niños que llevan más de 10 años viviendo en dicho lugar.

Los afectados señalaron que son 15 familias que a través de una venta del terreno, por parte del comisariado ejidal de Chuburná, cuentan con la posesión legal y pacífica de sus predios, según consta en un acta del 30 de marzo de 1982, mediante la cual el ejidatario Alberto Pool Chuc vendió un terreno de 100 por 100 metros a Tito Ángel Sierra Ac y José Gualberto Sierra.

Comentaron que desde entonces, los habitantes de dicha zona hicieron pozos para sacar agua, lotificaron, abrieron calles, limpiaron terrenos y consiguieron el suministro de servicios como electricidad, agua e internet.

Agregaron que desde 1988, los compradores intentaron regularizar las tierras ante la Procuraduría Agraria, pero el entonces comisario ejidal se negó a ayudarlos, situación que ha permanecido hasta la actualidad, con el comisario Baltazar de los Reyes Ramos, quien en lugar de ofrecer apoyo, los ha presionado para que abandonen la zona.

Informaron que recibieron una notificación de desalojo, promovida por Fued Omar Melayes López, quien a través de un proceso judicial los amenazó con despojarlos de sus pertenencias si no se salían del lugar.

Sin embargo, detallaron que con base en la posesión legítima de las tierras de 1982 y la antigüedad de sus viviendas, las cuales contaban con cimientos, pisos, paredes y techos firmes, respondieron que no desalojarían el lugar.

Los vecinos del lugar dijeron que desde entonces comenzó el asedio por parte de Castillo Valencia, quien cada mes acudía al lugar a amenazarlos con sacarlos a la fuerza, si no accedían a retirarse del terreno de forma pacífica.

Por esta razón, el pasado 8 de agosto de 2023, Tito Sierra Ac, José Gualberto Sierra Balam, María Aké Kantún,Amando Euán Canché, Eliza Euan López, Manuel Medina Loría, María Sierra Balam, Olga María Sierra Balam, Francisco Cua Chan, Jazmín Espinosa Mosqueda, Luciere Romero Yam, Wilberth Alberto Balam Baas, Carlos Yam Rodríguez, María Ku Cauich y Yahaira Be Ku, promovieron una demanda de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito, para evitar el desalojo y conseguir la titularidad de propiedad de las tierras.

La demanda promovida quedó asentada en el expediente 1223/2023, cuyo seguimiento para la presentación de pruebas y testimonios quedó programada para el próximo 23 de noviembre.

El desalojo

Promovido y utilizando la fuerza pública a su favor, la otra parte llegó el pasado lunes 16 de octubre del año en curso a despertar a las 15 familias con una desmedida presencia policiaca, cuyos elementos les dieron solamente una hora para sacar sus pertenencias y abandonar el lugar.

En el operativo, también detuvieron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer, a quienes se llevaron a la cárcel pública por 36 horas, por pedir que se les enseñe una orden de desalojo que nunca fue presentada.

Sin ningún aviso previo, 15 viviendas, entre ellas una de dos pisos, fueron destruidas con ayuda de la maquinaria. Al día de hoy, en el lugar donde vivían solo yacen escombros y frente a sus casas, gracias a la ayuda de los vecinos, pertenencias como refrigeradores, cajoneras, lavadoras y hasta material de construcción, quedaron prácticamente en la calle.

L.os afectados exigieron justicia por la destrucción de su patrimonio, el cual debido al conflicto agrario, estaba construido en un predio que no le pertenece a uno ni al otro legalmente.

Mientras tanto, las 15 familias se encuentran en la calle, viviendo en los espacios que sus vecinos les brindan, durmiendo en el suelo con cobertores y almohadas.

En el lugar de los hechos, exigieron la intervención de las autoridades estatales para brindarles un refugio temporal, la solución a su problema y la reconstrucción de sus viviendas.

También advirtieron que acudirán ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), a denunciar las violaciones por parte de la Policía Estatal de Yucatán y el DIF (cuyo personal amenazó con llevarse a los niños).

Ante la falta de solución a este conflicto los afectados solicitaron la intervención del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador y de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.